Grieta religiosa en Salta: la priora deberá declarar sobre la administración económica del convento

A días de que ingrese en una pausa por la feria judicial de invierno que, en Salta, comienza el viernes próximo, continúa sumando capítulos la denuncia de las monjas de clausura del convento San Bernardo contra el arzobispo Mario Cargnello por supuesta violencia de género y económica.

El eje del conflicto es el aval de las religiosas a la “Virgen del Cerro”, devoción no reconocida por la Iglesia.

El Juzgado de Garantías resolvió una serie de cuestionamientos realizados por los abogados que representan a las carmelitas descalzas en relación a una actuación abierta en la Fiscalía de Delitos Económicos a partir de manifestaciones realizadas por Cargnello ante el juzgado respecto de la administración de los bienes y recursos del monasterio.

Resueltos los planteos realizados, será citada nuevamente la priora del convento a la Fiscalía. Ya existía una convocatoria pero se suspendió porque los abogados del monasterio reclamaron que no estuvieran presentes sus pares que trabajan para el Arzobispado y, a la vez, pidieron que la testimonial fuera respetando la clausura.

La nueva citación seguramente será para después de la feria judicial y la próxima semana se resolverá si en esa instancia podrán estar presentes los abogados de ambas partes o no. Esta investigación preliminar se inició porque desde el Arzobispado afirman que si las monjas pasan necesidades económicas –como se establece en la denuncia– no hay ninguna responsabilidad de Cargnello, ya que ellas son autónomas en la administración del convento y de sus bienes.

Vínculo

El propio Vaticano, que se involucró en el conflicto, señaló en un documento firmado por el arzobispo José Rodríguez Carballo, que la administración de los “bienes temporales del monasterio debe ser transparente y presentada a la comunidad en todos sus aspectos, porque los bienes temporales son bienes de toda la comunidad y la priora y la ecónoma son solo sus administradoras en nombre de la comunidad”.

En esa línea sostiene: “El monasterio debería nombrar, preservando la propia ley, una ecónoma, de modo que el priorato y el economato no estén concentrados en una sola persona”. En la actualidad es la priora la responsable del tema.

Por las presentaciones del Arzobispado, pareciera que hay dudas respecto de si el vínculo entre el convento y la “Virgen del Cerro” –las monjas integran la fundación Obra Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y Yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús, encargada de los temas relacionados con la devoción– podría extenderse al ámbito económico.

Está documentado que el terreno donde está la ermita de la virgen fue donado por Eduardo Garat y está a nombre del monasterio. En 2006, el convento realizó una transferencia gratuita de dominio fiduciario de la tierra a la fundación por 30 años. A nombre del convento hay entre tres y cinco propiedades que son administradas por Marcelo Mentesana, que, según consta en las presentaciones, cobra por la tarea.

En la causa por presunta violencia de género, en la que están denunciados tres sacerdotes más además de Cargnello, tampoco hay avances. La guardia policial continúa frente al convento para vigilar que se respete la restricción para acercarse dictada por la Justicia.

Fuente: La Nación

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