Fuertes críticas de la Asociación Empresaria Argentina por el “impuesto encubierto” de la AFIP

El miércoles pasado, la AFIP publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 5339 o la llamada “Suspensión momentánea del certificado de exclusión en IVA y Ganancias”. Básicamente, implicó que el régimen de percepción que permitía, a través de un certificado de exclusión, que grandes empresas importadoras quedaran exentas del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias fuera suspendido hasta el 31 de diciembre.

Cuando se importa se deben pagar derechos aduaneros, pero también percepciones impositivas (Ganancias, IVA y, a veces, Ingresos Brutos, impuestos por las provincias). Con determinadas condiciones, las empresas podían pedir un certificado de exclusión de percepciones. Esto sucedía si, por ejemplo, tenían saldos a favor en la AFIP. La actual resolución suspende esos certificados hasta fin de año, por lo que las empresas deberán pagar a pesar de que la agencia les deba plata (ese dinero es financiamiento a tasas negativas para el Tesoro). Tales percepciones que se pagarán ahora son recursos con los que no contará la futura administración. Esta situación no sólo suma recaudación al fisco. A la vez, puede servir para restringir aún más las importaciones. A las empresas les restará financiamiento.

La suspensión del régimen para las grandes empresas que importan -prácticamente todas- implicará un aumento aproximado de la recaudación tributaria en términos aduaneros del 20% en IVA y de un 6% en Ganancias. En términos de ingresos, se estima una cifra cercana a los $979.000 millones.

“El Grupo de los 6 se manifestó hoy sobre la necesidad de no afectar el abastecimiento de bienes y equipamiento importado, a fin de evitar impactos negativos sobre la producción y el empleo”, estimó un comunicado. “Es necesario que el país esté integrado al comercio internacional, como forma de desplegar sus capacidades productivas y de colocación de productos en los mercados internacionales”, dijeron y completaron: “En ese sentido, las medidas impositivas o de otra índole que dificultan o encarecen el acceso a bienes e insumos necesarios para la producción, deberían ser revisados. Esto incluye la reciente resolución de AFIP que modifica los regímenes de percepción de IIGG e IVA”. El G6 pidió “no seguir aumentando la presión fiscal sobre los sectores formales”.

La UIA también criticó la medida. “La Unión Industrial Argentina (UIA) manifiesta su preocupación por una resolución de la AFIP que aumenta nuevamente la presión tributaria sobre el sector formal”, indicó un comunicado de la entidad fabril, que además sumó a los cuestionamientos a la eliminación de los certificados de exclusión, el diferimiento del cómputo de las percepciones por 9 meses.

“La medida es inconsulta, sorpresiva y de amplia afectación y alcance al sector productivo porque encarece el abastecimiento de bienes y equipamiento importado, al aumentar el financiamiento exigido para hacer frente al pago de estas operaciones acumulando el pago de las percepciones en detrimento del capital de trabajo, sin dejar que dichos saldo a favor se computen contra otros impuestos durante 2022, en un contexto global y macroeconómico doméstico adverso con restricción de crédito, alto riesgo cambiario y altas tasas de interés”, estimó la UIA.

“La norma aumenta la presión fiscal sobre el sector formal de la economía, en tanto estas percepciones constituyen una carga pública superior a lo que por alícuotas las empresas deberían pagar, por efecto de un régimen de recaudación que no tiene en cuenta el saldo a favor de la cuenta tributaria de las empresas contribuyentes”, estimaron en la entidad que dirige Daniel Funes de Rioja.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) también manifestó “su rechazo al incremento de la presión tributaria sobre las importaciones” por la resolución general de AFIP.

“El costo en términos de desvalorización de las sumas que sean percibidas por el fisco hasta la oportunidad de su cómputo –tanto considerando los guarismos inflacionarios actuales o las tasas de interés de mercado– implica que buena parte de la actividad importadora de nuestro país sufrirá de facto un incremento sustancial en la ya muy elevada presión fiscal que soporta”, cuestionaron.

Advirtieron además que la norma de la AFIP “podría vulnerar derechos de rango constitucional como lo son los de propiedad, capacidad contributiva y garantía innominada de razonabilidad”.

La intervención de Edesur

Ante los extendidos cortes de luz registrados tras una ola de calor el mes pasado, el Gobierno decidió días atrás la intervención de la distribuidora eléctrica del AMBA. Se trata de la tercera que impulsa el kirchnerismo. En esta última, impulsaron el desembarco del intendente de Avellaneda y hombre de Cristina Kirchner en el Instituto Patria, Jorge Ferraresi. El ingeniero reiteró entonces que la intervención sobre la empresa privada era solo administrativa, de fiscalización y monitoreo de obras.

Sin embargo, más temprano, en su cuenta en Twitter, Ferraresi había sido más duro con la distribuidora. “Situaciones como las que tuvieron que vivir los vecinos y vecinas debido a la desidia de @OficialEdesur ya no son tolerables. Me reuní con el ministro de Economía, @SergioMassa, quien me pidió fiscalizar, controlar y monitorear las obras para la mejora del servicio”, escribió en la red social.

“La decisión política del presidente @alferdez y la vicepresidenta @CFKArgentina nos hacen abordar este tema de forma urgente, por su impacto directo en millones de personas. Trabajando unidos y sin pausa estoy convencido de que vamos a transformar esta prestación esencial”, agregó semanas atrás.

No fue la única vez que el kirchnerismo buscó responsabilizar de alguna crisis originada tras años de sus políticas -en este caso energética, pero pasa también con la inflación, por ejemplo- a las empresas privadas. Y probablemente eso quisieron hoy marcar los empresarios más importantes de la Argentina.

La Nación