Fernández planea un 35 % para precios y salarios, Ley de Emergencia y Roberto Lavagna

También proyectan subir el mínimo no imponible, bajar aportes patronales y desindexar la economía.

Hay un dato clave de un momento crítico que puede repetirse pronto, 18 años después, aun cuando hoy las circunstancias sean diferentes o no tan diferentes de las que existían hace una década larga. Eso sí, no son ni parecidas al cuadro dramático de entonces.

Se trata, sin más vueltas, de una ley ómnibus en la que trabajan los equipos de Alberto Fernández, semejante a la de Emergencia Económica que, en enero de 2002 y a la caída de la convertibilidad, sancionó el Congreso y pobló de poderes excepcionales al gobierno de Eduardo Duhalde. Útil a los fines más diversos, el régimen fue prorrogado de año en año hasta enero de 2017, o sea, rigió durante 16 ejercicios consecutivos .

Bajo el paraguas de la Emergencia Pública podrían entrar aumentos de impuestos y rebajas de impuestos; ajustes fiscales; reformas financieras y cambiarias; pagos de la deuda y, al fin, todo aquello que habría necesitado la venia previa del Congreso. Por la misma puerta ingresaron, en tiempos de Duhalde, la pesificación de créditos y de tarifas; la desindexación de todas las operaciones; las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos; la doble indemnización por despidos y la posibilidad de regular el precio de los alimentos.