El juez Claudio Bonadio rechazó la excarcelación de Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa

Su abogado presentó un escrito solicitando su excarcelación en el caso cuadernos. El TOF 3, que lo juzga por el fraude de Oil, se la otorgó este jueves. Ahora decidirá la Cámara federal porteña.

La libertad de Cristóbal López y Fabián De Sousa quedará en manos de la Sala I de la Cámara federal porteña, después que el juez Claudio Bonadio rechazara otorgarles la excarcelación en los dos expedientes vinculados a la causa de los Cuadernos de la Coimas, donde les dictó prisión preventiva.

Este jueves a última hora, el TOF 3 integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos otorgaron bajo caución juratoria la excarcelaron a ambos empresarios en la causa de Oil Combustibles, pero la resolución sostiene que la misma «no se hará efectiva por permanecer detenidos a disposición del Juzgado» de Claudio Bonadio quien los procesó por «los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y cohecho activo, reiterado en 33 hechos, en calidad de coautor», recordó el juez Bonadio en su resolución.

El abogado de Cristóbal López, Fabián Lértora, presentó un escrito solicitando ante Bonadio la excarcelación. En el documento, al que accedió Clarín, la defensa señaló que es inexistente «el riesgo procesal que justifique seguir manteniendo la privación de la libertad preventiva que le fuera impuesta el 6 de junio del corriente año», cuando fue procesado en el caso cuadernos.

Pero el juez consideró que «existen otros aspectos que impiden otorgar la excarcelación«, al considerar que Cristóbal López «posee la capacidad de sustraerse y entorpecer el accionar de la justicia». Entonces, señaló que en el marco de la causa hay cerca de 200 imputados quienes «durante más de 12 años llevaron a cabo presuntas maniobras que enriquecieron indebidamente sus respectivos patrimonios a costa de la estructura estatal, integrando la misma el aquí evaluado en su carácter de empresario, innegablemente allegado a los funcionarios públicos».

Al momento de explicar su responsabilidad en la estructura que se dedicó a la «recaudación de fondos ilegales», Bonadio señaló que López «desarrolló una actividad fundamental en las maniobras investigadas, ubicándolo en una posición superior dentro de esa organización delictiva, comparándola con la de otros empresarios involucrados».

Entonces, el magistrado se refirió a las confesiones de Víctor Manzanares (ex contador de Cristina Kirchner), el financista Ernesto Clarens y José López (ex secretario de Obras Públicas), quienes se refirieron a CPC SA, la constructora del Grupo Indalo, como parte de las firmas involucradas en la estructura investigada.

«Además (Cristóbal) López cuenta con varias causas en distintas etapas procesales lo que hace presumir que en caso de ser condenado en la presente, su pena no puede ser dejada en suspenso (…) lo que hace presumir que de obtener su libertad intentarán eludir la acción de la justicia». Recordó entre otros aspectos, que el empresario K «cuenta con medios económicos suficientes como para entorpecer y/o fugarse del proceso».

La resolución sostiene que de concederle la excarcelación a Cristóbal López, «no habrá de someterse  la actuación de la justicia por lo que se encuentra consecuentemente fundada la presunción de que intentaría eludir el accionar de ésta y también que podría entorpecerla».

El abogado de López había señalado que cada vez que la justicia lo convocó López se presentó, y que además «tiene arraigo familiar, tiene domicilio certificado y tiene arraigo laboral«, descartando cualquier riesgo de fuga.

Por otro lado, sostuvo que a raíz de los embargos trabados en diferentes expedientes, «no tiene la capacidad de disponer o perjudicar su patrimonio o afectar el curso de los procesos penales en trámite».  Y recordó el letrado, que López es una persona «de alta notoriedad pública, lo que impide que pueda salir del país o sustraerse de alguna otra forma al accionar de la Justicia».

Ante el rechazo de Bonadio, será la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, la que deberá definir sobre la libertad de López y De Sousa.

El TOF 3 quien otorgó la excarcelación, es el responsable de juzgar a los empresarios junto a Ricardo Echegaray, por haber defraudado al Estado al no haber tributado el Impuesto a la Transferencia de los combustibles (ITC) con la petrolera Oil. La Justicia determinó que lejos de cumplir con sus obligaciones fiscales, los empresarios se financiaron con dichos fondos que para la AFIP superan los 8.000 millones de pesos, y ampliaron su conglomerado de 170 firmas. Nada podría haber ocurrido sin la connivencia del organismo recaudador, sostiene la acusación.

En el marco de esta causa, el juez Julián Ercolini ordenó el procesamiento con prisión preventiva. Al momento de argumentar por qué se ordenaba la detención de López y De Sousa, el juez concluyó que sus dueños cometieron acciones «dirigidas a obstruir la labor de la justicia”.

Uno de los ejemplos citados fue la venta que intentó hacer Cristóbal López a Op Investments, el fondo de inversión de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, pese a regir «una inhibición de bienes que lo impedía».

Los dueños del Grupo Indalo manifestaron que la cesión tenía como objeto «recuperar el crédito del conglomerado empresarial y garantizar la continuidad de sus negocios y el pago de deudas».

Entonces se planteó que la venta del holding de 170 sociedades debía ser investigada en un nuevo expediente, por posible fraude.

Esa causa quedó radicada en el juzgado federal 5, cuya titular María Eugenia Capuchetti, la semana pasada sobreseyó a López y a Fabián De Sousa, al sostener que «no se intentó defraudar a los intervinientes en ese expediente, tampoco fueron transferidas las acciones de las empresas y no obra ninguna prueba que permita inferir que se encontraban impedidos de realizar cambios de autoridades ni tampoco que esta situación haya sido efectuada con fines ilícitos».

Fuente: Clarín