El Gobierno ya se prepara para un default parcial de la deuda

Mientras se encamina a cumplir sus primeros tres meses de gestión, el gobierno de Alberto Fernández se acerca al punto de inflexión que determinará el perfil definitivo de su administración. También el que definirá su éxito o fracaso.

Después de un primer tramo marcado por la aprobación de la ley de emergencia y el lanzamiento del plan contra el hambre, los dos principales logros de la Casa Rosada hasta el momento, toda la gestión quedó suspendida a la espera del cierre de la renegociación de la deuda, identificado como el verdadero punto de partida.

Pero las tratativas con los bonistas privados están muy complicadas y en el propio Gobierno empezaron a admitir en los últimos días que lo más probable es que la Argentina se encamine hacia un nuevo default parcial. Dos funcionarios muy cercanos al Presidente confirmaron que el tema fue materia de las conversaciones entre Fernández y el ministro Martín Guzmán, después de las reuniones mantenidas a lo largo de esta semana con los acreedores.

Uno de esos asesores lo explica linealmente: «Con el Fondo Monetario Internacional está encaminada la conversación porque en esa mesa influyen la política, las gestiones ante las principales potencias y la necesidad del FMI de hacerse cargo del fracaso del acuerdo con el macrismo. Pero los bonistas no tienen incentivos, más allá del económico, para acordar con nosotros, entonces se endurecen».

Por ese motivo, desde el propio Ministerio de Economía hicieron trascender anteayer que el cierre de las conversaciones con Guzmán había dejado disconformes a los principales fondos acreedores por la falta de precisiones sobre la oferta, mientras que los privados hablaron de decepción por la baja tasa de interés en dólares que les propusieron. Parece el preámbulo del fracaso: imponer la idea de quién fue el más duro a la hora de definir condiciones para al menos conseguir un triunfo simbólico.

Hay un dato que sostiene la percepción de que el default amanece en el horizonte: el Gobierno detectó un progresivo avance de los legendarios fondos buitre, tentados por la caída en el valor de los bonos argentinos (retrocedieron 10 por ciento en el cierre de la semana) y la perspectiva de un nuevo litigio que siga la senda del éxito anterior en la corte de Nueva York.

En el Gobierno aseguran que de ningún modo evalúan pagar a último momento al estilo Axel Kicillof y por eso han empezado a flexibilizar la idea de que la fecha límite de la renegociación es el 31 de marzo, como había planteado el Presidente.

Quedan pocos funcionarios que sostengan la idea de que estos movimientos preventivos en realidad son parte de una estrategia de endurecimiento para obtener una quita mayor.

«Comenzamos a trabajar con la hipótesis de que acordamos con el FMI y no con todos los bonistas. Es un escenario B, que igualmente nos liberaría el corto plazo para poder crecer los primeros años y después enfrentar los pagos», explican cerca de Fernández. Tienen un antecedente genético: en la era dorada que reivindica Alberto, cuando Néstor Kirchner era presidente y Roberto Lavagna ministro de Economía, la Argentina se recuperó económicamente y después se abocó a resolver el default.

Claro que las comparaciones históricas omiten muchas veces las diferentes condiciones, locales y globales. Entonces los países emergentes volaban con el precio de las commodities y hoy la economía mundial pasó del estancamiento al temblor por efecto del coronavirus.

Una renegociación parcial de la deuda podría tener efectos muy negativos para Fernández. Por ejemplo, agravaría la virtual parálisis que afecta a muchas áreas de su gobierno. Con excepción de Daniel Arroyo, el único ministro que tiene fondos para hacer políticas activas, el resto de la administración parece a la espera de la señal de largada. En parte es entendible; es muy difícil gestionar sin dinero. Pero también influyen ciertas dinámicas, que hacen, por ejemplo, que aún falten nombramientos en segundas y terceras líneas del Ejecutivo.

Una importante fuente de la Jefatura de Gabinete admite que se están manejando con aprobaciones de gastos semanales área por área, dependiendo de la recaudación. Las carteras productivas, como Obras Públicas, Transporte o Vivienda, apenas pueden revisar licitaciones pendientes para ver si en algún momento logran encarar algún proyecto. El gran acuerdo de salarios y precios quedó reducido a un muñequeo incesante del ministro Claudio Moroni con los gremios y de su colega Matías Kulfas con los empresarios, en un intento de ganar tiempo.

El reproche de esta semana de Fernández a los hombres de negocios por las subas de los alimentos (una evocación de las quejas de Mauricio Macri ante el mismo auditorio) pareció un reconocimiento de que la política de congelamiento de tarifas y diálogo amigable no está funcionando. El tema volvió a ser analizado con preocupación el viernes, en una reunión del gabinete económico, un ámbito informal que en algún momento debería ser reemplazado por el Consejo Económico y Social que Fernández imaginó para Lavagna y que el exministro habría declinado encabezar.

Se anticipa la interna

En este contexto de incertidumbre, el entorno del «albertismo» empezó a percibir una intensificación de las presiones internas del sector más identificado con el kirchnerismo. Una avanzada que estaba agendada para más adelante, cuando se ordenara la economía.

«En los próximos meses se van a profundizar las fricciones en nuestro espacio», reconocen como un hecho irremediable cerca del Presidente, donde atribuyen ese pronóstico a las dificultades para consolidar una identidad propia basada en éxitos de gestión. A eso apunta el proyecto de legalización del aborto que será enviado esta semana al Congreso; a sumar capital político.

Pero aun así Fernández parece cada vez más lejos de aventar los fantasmas de Cristina Kirchner. Sus esfuerzos por mostrar moderación y diálogo se desvanecen frente a la percepción de que la vicepresidenta y sus incondicionales exigen la propiedad ideológica y conceptual del gobierno. En esos términos se habló el jueves en el Instituto Patria para festejar los cuatro años de la entidad. «El Gobierno va a tener en nosotros el apoyo y la colaboración que necesite. Y cuando veamos cosas que nos parezcan mal, también lo vamos a hacer llegar y lo vamos a hacer saber», advirtió su presidente, Oscar Parrilli.

En el plano judicial es donde queda de manifiesto más nítidamente este contrapunto. Fernández enviará el proyecto de reforma después del tratamiento del aborto, con el declarado propósito de regenerar los tribunales, el mismo objetivo detrás de su decisión de prohibirles a los espías asistir a los jueces. Pero no puede evitar que la Blitzkrieg kirchnerista arrase con las denuncias de lawfare, festeje la liberación de Julio De Vido y promueva la intervención de la Justicia de Jujuy.

La gestualidad del Presidente empieza a ser insuficiente para convencer de que se trata de una versión mejorada del pasado. Por eso algunos funcionarios le hicieron llegar su preocupación por las dificultades para imponer una agenda propia, no solo reacciones a las iniciativas kirchneristas.

Allí está otra vez Alberto atrapado en una crisis con el campo, explicando que no se trata de una nueva guerra santa.

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