Empresas de “arrepentidos” e indagados siguen teniendo múltiples negocios con el Estado

Futuras construcciones viales con PPP, gasoductos, concesiones de transporte, estímulos a la producción de energía y renovables.

Algunos empresarios están dentro del grupo de arrepentidos. Hay otros que están imputados, es decir que todavía se los investiga. Pero existe un factor que tienen en común: sus compañías tienen contratos activos con el Estado nacional, las provincias o alguna obra pública venidera.

Las compañías salpicadas por los cuadernos están presentes entre los consorcios ganadores de los PPP viales, gasoductos, programas de energía eléctrica y renovables, o concesiones. En el Gobierno creen que, mientras no se demuestre la existencia de delitos en esos contratos, no hay razones para removerlos. Los funcionarios prefieren separar a empresarios “corruptos” de las empresas que encabezan. Consideran a las firmas como generadoras de empleo.

Además, frente a la contracción en la actividad económica, temen que un parate en la construcción agudize los problemas laborales.

El arrepentido Gabriel Romero -que admitió haber pagado una coima de US$ 600.000 por un decreto– todavía conserva la concesión de la Hidrovía, pese a que el ministerio de Transporte y la legisladora Elisa “Lilita” Carrió vienen observando esa vía navegable, porque le endilgan encarecer el comercio exterior. También posee Ferrovías, que opera la línea de tren Belgrano Norte.

Aldo Roggio planteó que ex funcionarios kirchneristas le pedían un 5% de los subsidios que cobraban sus empresas. En esa época, tenía injerencia en las líneas de trenes. Ahora, el empresario cordobés (que renunció a sus empresas) controla Metrovías, la concesionaria del subterráneo de la ciudad de Buenos Aires. Aquí también se encarga de recolección de residuos en algunos barrios. En Córdoba, posee la concesión de Aguas Cordobesas.

Aunque desde el Gobierno buscan una forma de apartarla, Electroingenieria encabeza el grupo asignado para construir dos represas en Santa Cruz. La compañía posee el financiamiento chino. El Poder Ejecutivo busca una salida elegante para no ofuscar al gigante oriental. Jorge Neyra, de Electroingenieria, también es arrepentido.

Eduardo Eurnekian está en el consorcio que ganó dos PPP viales. Su sobrino, Hugo Eurnekian, fue a Comodoro Py a detallar “aportes de campaña”. Corporación América, de esa familia, posee la concesión Aeropuertos Argentina 2000, que administra las estaciones aéreas del país. También postulante por el subte porteño, otra empresa de Eurnekian -Compañía General de Combustibles (CGC)– está inscripta en una disposición del ministerio de Energía que apuntaba a estimular la producción de gas “no convencional”. Lo hace en la cuenca Austral y, de esa forma, es beneficiario de la resolución 46. Las empresas cobran un diferencial sobre el precio de mercado del gas por extraer gas no convencional.

Luis Betnaza, de Techint, también fue a Comodoro Py a dar su versión. Tuvo que arreglar con el kirchnerismo para salvar a los trabajadores de Sidor, la siderúrgica que le expropiaban en Venezuela, según manifestó. Tecpetrol, de ese holding, también está registrada en la resolución 46 del ministerio de Energía y percibe dinero por aumentar la producción de gas en el país. La compañía es experta en gasoductos, y tiene distintas obras de esa naturaleza en varias provincias. Algunas están en la provincia de Buenos Aires.

Armando Losón es otro de los “arrepentidos”. Su holding Albanesi viene construyendo centrales eléctricas, cuyo principal cliente es Cammesa, la administradora estatal del sistema. Losón renunció a su puesto de director y “ninguna persona jurídica del grupo ha sido sometida a proceso”, se excusa la compañía.

Cammesa convocó, en 2016, a una licitación de generación térmica para enfrentar los problemas de abastecimiento de electricidad. Uno de los jugadores no tradicionales que allí apareció fue MSU. Su titular, Manuel Sanchez Uribelarrea, admitió haber hecho pagos al ex secretario Roberto Baratta, porque fue “apretado”. MSU desarrolló tres plantas de 150 MW de potencia cada una.

Alejandro Ivanissevich, de Genneia, confesó que le pagó $ 500.000 a Baratta. Según su testimonio, fue una contribución a la campaña electoral. Su firma es una de las mayores jugadores en “energías renovables”. No solo desarrolla múltiples proyectos asignados por la administración actual, sino que arrancó en los tiempos de Julio De Vido como ministro de Planificación.

Isolux -donde lideraba el arrepentido Juan Carlos De Goycochea-participó junto con Iecsa -de Angelo Calcaterra, que está en la misma condición- de la finalización de dos centrales térmicas desarrolladas por la ex Enarsa. Esas centrales ya fueron puestas a la venta por Iecsa, la reemplazante de Enarsa. Los españoles además también son parte de la usina de Río Turbio.

Fuente: Clarín