Con 7 mil firmas, jubilados presentaron una demanda colectiva para que se vuelva a la ley de movilidad

Lo hizo el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino. “Queremos evitar y ayudar al Gobierno y a los jubilados para que no haya una nueva ola de litigiosidad”, explicó.

Con la firma de unos 7 mil jubilados, el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, presentó este viernes ante la Justicia una demanda colectiva para cuestionar el cambio en el cálculo jubilatorio dispuesto por el gobierno nacional, solicitando que se declare su inconstitucionalidad.

La demanda fue presentada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 9, a cargo de la jueza Silvia Saino, subrogante. En el caso de no obtener una resolución favorable, Semino adelantó que pedirán un recurso «per saltum» para llegar a la Corte Suprema.

«Tenemos ya siete mil adhesiones, no sólo las de la Ciudad de Buenos Aires, sino del interior del país, Córdoba, Rosario, Mendoza, Comodoro Rivadavia, que nos van mandando sus peticiones», contó Semino en declaraciones a radio Continental.

«Lo que se apunta -indicó el funcionario- es tratar de evitar que el Estado termine generando una enorme industria del juicio, como en el caso Badaro, entre otros, donde la larga espera hasta que sale el fallo judicial ha visto morir a millones de jubilados sin que puedan gozar de su derecho».

En este sentido, al explicar los detalles de la presentación, Semino sostuvo que están «planteando la inconstitucionalidad y una medida cautelar para que se aplique a todos por igual, para que se aplique el índice que había generado la ley de movilidad».

Asimismo, manifestó que los que cobran la jubilación mínima están exceptuados de esta presentación «porque con el nuevo esquema están percibiendo 192 pesos más por mes respecto del esquema anterior«.

«La idea es volver a la movilidad anterior hasta que se fije otro tipo de movilidad. Lo que estamos tratando es de evitar y ayudar al Gobierno y a los jubilados para que no haya una nueva ola de litigiosidad», insistió.

El gobierno nacional dispuso un aumento para todos los jubilados de 2,3% más un fijo de 1.500 pesos y la Defensoría argumenta que mientras que para los que cobran la mínima implica un incremento, para los que perciben por encima de ese monto significa una pérdida de ingresos respecto del anterior cálculo jubilatorio.

La Defensoría argumenta que mientras que para los que cobran la mínima el nuevo esquema que estableció por decreto el Gobierno implica un incremento, para los que perciben por encima de ese monto significa una pérdida de ingresos respecto del anterior cálculo jubilatorio.

Cuando anunció el nuevo aumento, el Presidente lo presentó como un nuevo esquema “solidario” que favorece a los jubilados que menos cobran frente a los que más ganan. En rigor, según cálculos técnicos, el Gobierno podría ahorrar unos $5.100 cada mes, y la cifra podría crecer hasta los $100.000 millones en todo 2020 si se repite el mismo régimen de aumento a mediados de año.

Los aumentos con suma fija tienen como consecuencia el “achatamiento” de la pirámide de ingresos, porque los jubilados reciben casi el mismo momento por igual, con lo cual los que perciben los haberes más bajos comienzan a “alcanzar” a los de haberes medios. Esa situación ocurrió durante el Gobierno de Néstor Kirchner, que eligió dar aumentos por decreto con sumas fijas y de ese modo creció sensiblemente la cantidad de personas que terminaron cobrando la jubilación mínima. Hoy, esa proporción bajó hasta menos de la mitad de los jubilados. Con el aumento de Fernández, la totalidad de los jubilados que hicieron aportes a la seguridad social durante su vida laboral terminaron cobrando menos de lo que les hubiera correspondido si seguía en práctica la Ley de Movilidad sancionada a finales de 2017 por iniciativa del Gobierno de Mauricio Macri.

Hace diez días, el Gobierno convocó a una comisión con miembros del Poder Ejecutivo y el Congreso para comenzar a diseñar una nueva ley de Movilidad Jubilatoria. A pesar de que el plazo de la suspensión de la ley anterior concluye en junio, hasta ahora no se conocen detalles del nuevo proyecto legislativo.

Fuente: Clarín

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