Carrió pidió modificar una resolución de la IGJ que «relaja los controles a las sociedades offshore»

La Coalición Cívica volvió a poner la lupa sobre una iniciativa de la Casa Rosada, en este caso del Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano, uno de los principales apuntados por Elisa Carrió en el último semestre del año pasado.

A través de un comunicado, la CC pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente de la cartera de Justicia, que deje sin efecto o modifique la Resolución número 6 del 2018, que relaja los controles a las sociedades  offshore. «No es una adecuada política regulatoria permitir la actuación de sociedades offshore o disminuir los controles administrativos sobre ellas«, aseguró el espacio liderado por Carrió.

La resolución, que puertas adentro de la Coalición Cívica le atribuyen a Garavano y a Sergio Brodsky, titular de la IGJ, elimina exigencias de acreditar a las sociedades offshore requisitos como la individualización de los socios», la fiscalización o «que el asiento principal de los negocios o el centro de la dirección se encuentren fuera del país», según el comunicado.

«Los cambios producidos eliminaron la obligación de informar no solo quién es el último beneficiario final (persona física que ejerce el control real), sino también quién es el accionista inscripto del socio extranjero. Incluso permitieron que pueda ser socio extranjero de una sociedad argentina otra proveniente de jurisdicción offshore calificada como ‘no cooperante’, situación que antes estaba prohibida, tal como lo exigen los estándares internacionales. La vigencia actual de la norma modificada no solamente nos expone a la vulnerabilidad de ser utilizados para lavar y esconder activos provenientes del delito, sino que nos impide como país brindar cooperación internacional eficaz a otros; es decir que expone también a otros países«, agregaron desde la CC sobre la norma publicada en agosto del año pasado, que modificó una anterior, del 2015.

El pedido de Carrió se suma al realizado por Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), en la misma línea.

Según fuentes de la CC, desde el espacio hablaron con Federici antes de emitir el comunicado, y lo plantearon puertas adentro en una reunión en la que participó Fernando Sánchez, el dirigente de confianza de «Lilita» con despacho en la Jefatura de Gabinete.

«En síntesis, no se encuentran razones valederas ni ajustadas a las normas constitucionales o a los tratados internacionales que justifiquen los cambios producidos por la Resolución número 6/2018, en particular en lo que se refiere a la eliminación de requisitos y facultades como forma de modernización y agilización de trámites, puesto que sólo representaban elementos orientativos pero eficientes y certeros para la IGJ al momento de detectar la actuación de sociedades que tenían prohibida su actividad en el país», resaltó la Coalición.

Fuente: Infobae