Toma de tierras, a $30 mil el lote: así operan las organizaciones que venden terrenos usurpados

La Justicia de La Plata intenta dilucidar la existencia de una organización que se dedicaría a comercializar lotes en la toma de un predio de casi 100 hectáreas en Guernica.

Los primeros hilos de esa madeja ya asomaron en la investigación penal: el fiscal que interviene en el proceso, Juan Cruz Condomí Alcorta, ordenó la detención de un remisero y de una joven de 22 años que vendían parcelas por redes sociales desde 30 mil pesos.

Los procedimientos se realizaron este lunes en esa localidad del partido de Presidente Perón, en el denominado tercer cordón del Conurbano.

Un chat en el que una persona se asesora para comprar un terreno tomado. Está en poder de la justicia.

Un chat en el que una persona se asesora para comprar un terreno tomado. Está en poder de la justicia.

Y hace unas semanas en Glew –a sólo 20 minutos del predio usurpado hace dos meses- el fiscal dispuso el allanamiento y detención de un remisero que en su cuenta de Facebook publicó y vendió por 50 mil pesos uno de los terrenos de la ocupación.

La operación, que incluyó un “boleto de compra-venta” que también quedó incorporado al expediente, se realizó a fines de julio, una semana después de que comenzara la toma masiva del inmueble ubicado en el barrio Numancia/San Martín de Guernica.

El caso Guernica se transformó en el emblema de las tomas que se registran en el territorio bonaerense. Los primeros contingentes llegaron el 24 de julio. No eran más de 200 personas. Las autoridades lograron sacarlos pero luego volvieron y ahora se estima que son más de 2.500 familias.

En plena pandemia, según datos del ministerio de Seguridad, se concretaron un promedio de seis por semana en la empobrecida región del Gran Buenos Aires. La reiteración de episodios provocó también cortocircuitos políticos. Del gobierno con la oposición y dentro del propio oficialismo del Frente de Todos.

Es que también hay situaciones de ocupaciones ilegales de inmuebles en otros puntos del país, como en Villa Mascardi, en la provincia de Rio Negro, cerca de una zona protegida. La controversia derivó en posicionamientos de funcionarios provinciales y nacionales. No siempre alineados. La ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic, consideró que no se trata de “un problema de inseguridad” y que debe buscarse una solución a los crecientes reclamos por falta de vivienda y hábitat en los sectores más vulnerables.

Su colega provincial, Sergio Berni, tiene una postura casi opuesta. “En lo que va del año 2020, desalojamos 868 tomas de terrenos y fueron presas 524 personas. Seguimos firmes», difundió en plena polémica en un video por las redes sociales. Además consideró que “la usurpación de tierras es un delito y el derecho a la propiedad privada, innegociable”.

Mientras las disputas dialécticas también replicaban en la Legislatura bonaerense, en los Tribunales platenses corría una causa que exploró sobre el mecanismo de la toma de Guernica. Pero además, avanzó con el desalojo. Condomí Alcorta instruye también un reclamo de la empresa dueña de los terrenos del barrio Numancia/San Martín.

La detención de una mujer por ofrecer por internet los terrenos ocupados en Guernica a $50.000.

La detención de una mujer por ofrecer por internet los terrenos ocupados en Guernica a $50.000.

Y hace una semana, un fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata convalidó el pedido de “allanamiento para el lanzamiento”, como se describe en el Código Procesal . Y el viernes pasado el juez de primera instancia, Martín Rizzo –del juzgado descentralizado N° 8 de Cañuelas- puso fecha al operativo: será entre el 23, 24 y 25 de septiembre, durante horas con luz natural y mientras persistan buenas condiciones climáticas. Se podrá usar la fuerza pública aunque «tratando de causar el menor daño posible», según se detalla en el dictamen.

En paralelo a ese proceso para desocupar el inmueble donde ya se instalaron 2.500 familias, el fiscal intenta detectar el funcionamiento de una banda que se dedicaría a vender porciones de tierra. Según trascendió, la mecánica sería la siguiente: un grupo de personas que conocen sobre la existencia de predios fiscales o desocupados inicia la maniobra.

En este caso, habrían llegado con familias en condiciones de precariedad que vivían en Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown y La Matanza. Una vez instalados, los “organizadores” se encargan de subdividir la extensión u otorgar a los que se ubicaron. Según sospechan quienes trabajan con Condomí Alcorta, existe “un sector de esta estructura que define los lugares que se entregan, a quien o a quienes, dónde y luego son también los que habilitan la comercialización”. Se presume que quienes se desprenden es “gente que decide irse” o podrían ser “operadores” que trabajan para los que promueven la operatoria ilegal.

Por el momento son sólo sospechas. La imputación contra los únicos dos detenidos en esta causa es por “encubrimiento” y “encubrimiento agravado por lucro”. Para poder ponerlo a la venta “tuvieron que conseguir autorización”, dicen en la fiscalía.

Pero por ahora no hay certezas en el fuero penal sobre si los instigadores pertenecen a movimientos sociales de origen político o simplemente son “estafadores”. Sí pudo confirmar que las organizaciones políticas que ahora apoyan la ocupación son de filiales que no pertenecen al municipio de Presidente Perón. Este dato resulta una complicación para la intendenta local, Blanca Cantero (FdT), quien asegura que “sabemos que están organizados”. Y apunta a entidades de izquierda como el colectivo de abogados que patrocina a los ocupantes en la causa que ya llegó a la instancia de autorizar el desalojo.

La mecánica de la venta por internet de fracciones en predios ocupados también se comprobó en la toma del ex Club de Planeadores de Los Hornos. Allí se ofrecían a 50 mil pesos en Facebook a principios de marzo cuando recién comenzaba la usurpación. Ahora el complejo de 160 hectáreas está en un proceso de urbanización, en el que tuvo que intervenir la Provincia, el municipio de La Plata y la Nación.

Ya hay 2.500 familias que tienen “asignado” una porción de ese inmueble pero no obstante, una de las referentes del barrio. Estela Maris Casafúz, le dijo a Clarín que “todavía hay gente que sale a vender y eso provoca peleas entre los que estamos acá porque estafan a los más necesitados”.

Please follow and like us:
Tweet 20