El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, adelantó que irá a la Justicia para frenar la decisión del Gobierno nacional de entregarles más de 25.000 hectáreas a las comunidades mapuches. En esas tierras, advirtió, hay pozos de petróleo crudo no convencional que forman parte del yacimiento Vaca Muerta, en el sur de la provincia.

El mandatario provincial alertó que en esas áreas se está desarrollando «una inversión millonaria para actividades de exploración y producción por parte de YPF». En ese aspecto, denunció la «intencionalidad política» del gobierno del Frente de Todos de «perjudicar a Mendoza».

«Deja en descubierto la complicidad del kirchnerismo con estos pseudos mapuches», denunció Suarez, y anticipó que hará presentaciones judiciales ante el propio Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y ante la Justicia.

«Esto claramente agrava la situación. No solo por ceder una zona llena de activos provinciales, sino porque deja en descubierto los intereses por dominar los recursos del lugar y detener el desarrollo hidrocarburífero, turístico, el empleo e inversiones proyectado para el Sur», concluyó el gobernador en una serie de tuits donde también mostró los mapas de las zonas en cuestión.

El fuerte rechazo por parte de la administración de Mendoza refiere a resoluciones publicadas durante las últimos días en el Boletín Oficial. Fueron dos en las que el Gobierno nacional, a través del INAI, resolvió ceder más de 25.000 hectáreas a tres comunidades mapuches.

El viernes 27 de enero oficializaron la cesión de 21.000 hectáreas a la comunidad Lof El Sosneado -en el distrito sanrafaelino que lleva el mismo nombre- y otras 3.500 a Lof Suyai Levfv, ubicado en la localidad de Los Molles, Malargüe. En ambos casos, desde la provincia apuntan que no está determinado si son comunidades. Es que, advierten, ni siquiera tienen personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI), un requisito fundamental en el reconocimiento.

El conflicto escaló el último lunes, cuando nuevamente Nación emitió una resolución para oficializar otra ocupación mapuche: se trata de Lof Limay Kurref, asentado en más de 4.000 hectáreas también en Los Molles, Malargüe. En este caso, sí cuentan con personería jurídica.

Ese mismo día, el propio gobernador instruyó a las autoridades provinciales para que realicen los procedimientos necesarios con el fin de declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales por las cuales se le otorgan tierras en el sur de la provincia a comunidades mapuches.

Lo solicitó «de manera urgente» en una nota enviada al asesor de Gobierno de Mendoza, Ricardo Canet.

A su vez, planteó que los actos administrativos de Nación fueron ejecutados «sin ninguna intervención ni participación de la Provincia de Mendoza», e insistió que «el resultado de la vigencia de los mismos afectará gravemente el patrimonio de la provincia».

Al día siguiente, diputados nacionales de la provincia presentaron un proyecto por el cual solicitan que el Gobierno Nacional, a través del INAI, brinde detalles sobre el reconocimiento de la ocupación de tierras.

«Queremos saber por qué el Gobierno reconoce de manera exprés que esos territorios son de los pueblos originarios, siendo que aún no se ha determinado si son comunidades y ni siquiera tienen personería jurídica. Y por qué se resolvió que los territorios son ancestrales, ignorando lo que dice la justicia mendocina», señaló Pamela Verasay (UCR).

La autora del proyecto también expresó su preocupación por la falta de personería jurídica y la ausencia de intervención a la provincia. «Hay una decisión de un organismo del Poder Ejecutivo Nacional que va en contra del Poder Ejecutivo Provincial», agregó.

La iniciativa apunta a obtener mayor información respecto a la inscripción en el ReNaCI, como así también los motivos por los cuales aún no se habría procedido a la registración, habiendo transcurrido más de 9 años del inicio.

El apoyo de Juntos por el Cambio

Alfredo Cornejo, Gerado Morales y Miguel Ángel Pichetto fueron los primeros dirigentes de la oposición en salir a manifestar su reclamo.

Al igual que Suarez, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado apuntó que dentro del territorio que le cedieron a los grupos «autopercibidos mapuches» hay más de 20 pozos petroleros.

El senador alertó también sobre «la falta institucional gravísima» del Gobierno. «Violan el derecho a la propiedad privada, ya que estas tierras poseen propietarios», cuestionó el legislador opositor.

Por su parte, el gobernador de Jujuy criticó que el Gobierno «premió a los mismos pseudo mapuches que incendian y siembran la violencia en la Patagonia». El radical calificó la situación como «un atropello a la soberanía nacional».

Por su parte, el ex senador y auditor Pichetto calificó la cesión como «una traición a la patria». Y exclamó: «Muestra un desapoderamiento del territorio nacional y de nuestra soberanía. Si somos gobierno en el 2024 esto se termina».

Fuente: Clarín